Ciciliani: “Insistiremos con el traspaso de los registros automotores a la órbita de las provincias”

Ciciliani destacó que “teniendo en cuenta que la actividad genera importantes márgenes de rentabilidad deberíamos preguntarnos ¿por qué no se adoptó el mecanismo de concesión del servicio, renovable cada cierto período de tiempo, y no la forma actual de nombramiento unipersonal con carácter cuasi vitalicio del Encargado del Registro? Además, dado que las provincias son las que perciben los impuestos a las patentes, ¿no sería más adecuado que sean éstas las que llevaran a cabo la registración?”.

El proyecto propone la descentralización del sistema entendiendo por tal a la transferencia de autoridad, financiamiento y administración hacia los gobiernos provinciales, y por ende autónomos en cuanto a las decisiones de asignación presupuestaria, pero continuando en el nivel nacional la potestad regulatoria a efectos de mantener un sistema único de registro en todo el país, lo cual constituye un elemento claramente positivo con fines de control y para evitar la evasión o transgresión a las normas simplemente cambiando de jurisdicción los dominios.

“Frente a esto –afirmó la diputada Socialista- y ante la dudosa justicia en la asignación de los mismos, proponemos la transferencia de la registración de automotores, moto-vehículos y maquinarias agrícolas, viales e industriales a las jurisdicciones provinciales y al Gobierno Autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Esto incluye la estatización de los mismos, el ingreso de las rentabilidades a las arcas provinciales, la incorporación de sus trabajadores al régimen de empleados públicos y la asignación al cargo de Encargado, mediante el mecanismo adoptado por norma en cada provincia. En el caso de Santa Fe, la idoneidad se asegura mediante el concurso”.

Existen actualmente en el país un total de 1517 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor. Cada Registro Seccional está a cargo de un Encargado Titular, designado por el Estado Nacional a efectos de llevar adelante la actividad mediante recursos materiales y de infraestructura de su propiedad y a través de la contratación de personal que él mismo efectúa. Para ello la normativa establece un sistema de aranceles por los servicios prestados, de cuya complejísima liquidación el Encargado del Registro tiene derecho a un porcentaje importante de los mismos a efectos de financiar las actividades que lleva a cabo.